Rycan Di, antiguo director de inversiones de GroupM China, la unidad de compra de medios de WPP, fue condenado en marzo a cadena perpetua por aceptar sobornos junto con sus antiguos compañeros Yao Lan y Hong Xin, según fuentes familiarizadas con el asunto. Yao Lan recibió una pena de 14 años y medio de prisión y Hong Xin fue condenado a cuatro años.
Según han informado dichas fuentes a Bloomberg que han podido acceder a la sentencia (que no son públicas en China), el antiguo responsable de inversiones de GroupM China aceptó sobornos por un total de 1.200 millones de yuanes, unos 143 millones de euros al cambio, por parte de las empresas intermediarias que contrataba WPP a cambio de adjudicarles parte de la inversión que gestionaba la división de compra de medios del grupo en el país asiático.
De acuerdo a las fuentes consultadas por el medio estadounidense, Di ha recurrido la sentencia y el resultado del recurso se espera a finales de este año o a comienzos de 2027.
WPP no ha participado en el proceso, pero sí ha informado que había cooperado con las autoridades durante todo el procedimiento, que respeta la decisión del tribunal y que está al corriente de las sentencias.
Según informó IPMARK en 2023, la policía de Shanghái había acudido a las oficinas de WPP para detener a Rycan Di, chief investment officer de GroupM China, tras haber interrogado al propio Di y a otros empleados, entre ellos Patrick Xu, CEO de GroupM China y country manager de WPP China. Junto a Di, la policía detuvo a otros dos ex-empleados del grupo: Yao Lan, exdirector de centros de datos de GroupM y a Diana Hong, exdirectora general de GroupM China.
El caso se centra en la subcontratación de compra de espacios publicitarios a intermediarios. Según las relaciones de las vistas judiciales facilitadas por personas familiarizadas con el asunto, esas empresas agrupaban presupuestos de distintos clientes para obtener descuentos por volumen de los medios. El tribunal chino tuvo conocimiento de que parte de esos descuentos se retenía como ingresos del negocio de los intermediarios, en lugar de devolverse íntegramente a los clientes de WPP.
Las fuentes consultadas señalaron que el tribunal también fue informado de que WPP conservaba una parte de esos ingresos mediante solicitudes a los subcontratistas para que compraran sus productos, concedieran descuentos adicionales o prestaran servicios gratuitos. Aunque esas solicitudes reducían los beneficios de los intermediarios, estos cooperaban para obtener más negocio de WPP.
Los tres acusados gestionaban asuntos relacionados con subcontratistas de WPP. Parte de los fondos se transfirió a cuentas bancarias vinculadas a ellos entre 2019 y 2023, según se expuso ante el tribunal. En el recurso, el equipo legal de Di sostuvo que los fondos eran descuentos gestionados en nombre de WPP y que, por tanto, el caso debía tratarse como una apropiación indebida de dinero perteneciente a la empresa, no como aceptación de sobornos. La defensa también cuestionó la cantidad de los fondos sustraídos.
La práctica de los acuerdos basados en descuentos ha sido una zona gris del mercado de medios. Su controversia reside en la posibilidad de que empresas o particulares retengan comisiones no declaradas en lugar de trasladar los beneficios a los anunciantes. WPP cambió su equipo directivo en China tras las detenciones de 2023, mientras las ventas del grupo en el país acusaban el impacto persistente de la COVID-19 y la debilidad de la demanda en el sector del lujo.
Acusaciones similares en Estados Unidos
La opacidad de estos descuentos también se ha observado en Estados Unidos. En un litigio no relacionado con el caso de China, el exdirectivo de WPP Richard Foster acusó a la empresa de despedirle de forma improcedente tras expresar su preocupación por los acuerdos basados en descuentos.
Foster alegó que WPP retuvo indebidamente aproximadamente la mitad de hasta 4.000 millones de dólares generados durante cinco años mediante estructuras contractuales complejas, acuerdos no revelados e informes financieros opacos.
WPP ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que sus políticas internas y códigos de conducta exigían repercutir los descuentos a los clientes cuando así lo establecían la ley o los contratos.
