El 91% de los concursos públicos incumple las vías de presentación y hasta en un 65% de las ocasiones se valora más el criterio económico que la propuesta técnica. Estos son algunos de los datos aportados por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, herramienta presentada por la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE) y por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT).
«Este proyecto nace con la intención de impulsar una mejora en la convocatoria de los concursos públicos que afecten a la creatividad y a los medios«, afirmó José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE, al comenzar a explicar por qué nace este observatorio. «Ante la lentitud de la respuesta por parte de las administraciones, hemos decidido pasar a la acción».
El objetivo de esta herramienta es claro: se pide un mejor empleo de los recursos públicos destinados para creatividad, publicidad y medios de comunicación. Para evidenciar esta falta de entendimiento entre empresas y administraciones públicas de todo tipo, Infoadex y CIPESA han analizado 118 licitaciones públicas valoradas en 250 millones de euros y presentadas durante el primer trimestre de 2021.
El criterio más incumplido son las vías de presentación, con un 91% de los concursos públicos donde no cumplen este requisito. Le sigue la oferta económica (65%), una facturación razonable (51%) y el incumplimiento del plazo de presentación (42%).
Recomendaciones exigidas
Ambas organizaciones se han puesto de acuerdo para recomendar a las administraciones públicas una serie de prácticas con las que garantizar la transparencia, la igualdad de las empresas participantes y la posibilidad de adjudicación al máximo de agencias y empresas y así ofrecer los servicios requeridos por las distintas administraciones públicas.
Algunos de los criterios exigidos por el observatorio son: que los concursos tengan más de 100.000 euros de presupuesto, que el plazo de presentación de propuestas sea de, al menos, tres semanas, pues consideran que «menos tiempo es insuficiente», o que se ofrezcan alternativas para la presentación a los «problemas técnicos» con la plataforma.
En palabras de José María Rull, vicepresidente de la ACT: «Este primer trimestre de 2021 nos da argumentos para colaborar para la mejora de la gestión de los recursos. Es muy importante trasladar trasladar las mejores prácticas de la empresa privada a las administraciones en la medida que lo permita la ley de Contratos del Sector Público».
Falta de comunicación por parte de las administraciones
Tanto Gutiérrez como Rull señalan que la respuesta del gobierno es insuficiente y que en otros países, como en Italia, sí han recibido ayuda por parte de la administración pública. «Hemos tenido varias reuniones con el gobierno central. Saben que nuestro trabajo es facilitar el suyo y hemos reiterado nuestro interés en hablar con el secretario de Estado de comunicación, pero hemos recibido una respuesta tibia», resume Juan Carlos Gutiérrez.
«Hemos lanzado un montón de propuestas al gobierno y no hemos recibido una sola respuesta», declara José María Rull. «Exigimos que haya un diálogo para exponer este proyecto e intercambiar opiniones para mejorar en conjunto esta situación».
Además, ambos afirman que sí que hay concursos públicos donde existe profesionalidad, sin embargo son 9 de cada 10 concursos públicos los que no se cumplen los criterios presentados y, a través del Observatorio, buscan cambiar esta situación para ofrecer un servicio de calidad.
