El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha informado que está estudiando presentar medidas contra Cabify por la campaña de Exterior lanzada recientemente por la firma de VTC en Madrid y que recordaba a los ciudadanos el uso que hacían sus empleados para viajar al y desde el ministerio.
En un comunicado emitido por el propio ministerio, el departamento que dirige Raquel Sánchez ha señalado que “ante el contenido y las alusiones tanto directas al Ministerio como personales hacia la titular de este Departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, MITMA está analizando la posibilidad de tomar las medidas que se estimen convenientes”.
Ha aprovechado esta nota para recordar al sector que la extensión del periodo de prórroga que contemplaba el llamado Decreto Ábalos para la regulación de los viajes VTC urbanos corresponde a las Comunidades Autónomas y no al propio ministerio.
“Las administraciones territoriales son las conocedoras de las necesidades concretas de cada territorio, por lo que son las que pueden tomar las decisiones más adecuadas para su población, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, la lucha contra el cambio climático, la despoblación, las particularidades del taxi en ese territorio o la falta de servicios de transporte”.
Añade, además, que dichas administraciones (comunidades autónomas o ayuntamientos) “han dispuesto del tiempo suficiente (4 años) para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios”, incluyendo una posible prórroga al plazo inicial de cuatro años establecido en septiembre de 2018, cuando fue aprobado el Real Decreto.
Y ante las acusaciones de la compañía de VTC y de la patronal de no haberse comunicado con estas para llegar a un acuerdo, desde el MITMA aseguran que han mantenido un papel facilitador al impulsar el subgrupo de trabajo técnico en las distintas comunidades. Y añade que el ministerio “carece ya de competencias en esta cuestión”.
Fuentes de Cabify consultadas por IPMARK han declinado realizar comentarios sobre las posibles medidas que tomará el Ministerio acerca de la campaña ‘Contradicciones’, presentada en Madrid esta semana, y no se plantean continuar con una segunda versión de la misma.
‘Contradicciones’ de Cabify
La última campaña de Exterior de Cabify, ‘Contradicciones’ denuncia los viajes realizados por los empleados del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a pesar de que este ministerio fue responsable del llamado Decreto Ábalos. Lanzada en 2018 con el objetivo de frenar el conflicto vivido entre taxistas y empresas VTC, la norma prohíbe a las licencias de VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022 si la comunidad autónoma no regula su actividad urbana de forma expresa, y solo permite, pasada esa fecha, los trayectos interurbanos.
Según denuncia Cabify con su campaña, la cartera que dirige Raquel Sánchez ha registrado “miles de viajes al Ministerio en esta modalidad, lo que demuestra que se utiliza de manera habitual para ir o volver de este emplazamiento, una clara contradicción”, con la norma que publicó su ministerio.
De igual modo, señalan que el ministerio incurrió en un error de gestión al tramitar las solicitudes de indemnización – la ley contemplaba compensar a los propietarios de licencias VTC en estos últimos cuatro años con el fin de recuperar la inversión-. Este error, informan desde Cabify, “ha impedido que las empresas y autónomos del sector VTC, que realizaron inversiones en sus licencias, hayan podido obtener una compensación”.
En su nota explicativa, el MITMA ha evitado hablar sobre este error de gestión y ha recordado en su lugar las distintas medidas de apoyo económico lanzadas en estos dos últimos años para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Entre ellas, ayudas directas a autónomos y empresas cuyo volumen de operaciones anual en 2020 hubiera caído un mínimo de 30% con respecto a 2019; líneas de financiación ICO, con tramos especiales para el transporte; o aplazamientos en los pagos a la seguridad social.
