La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) han reclamado que los criterios de reparto de publicidad institucional estén basados en la «transparencia, la objetividad y la proporcionalidad”. También consideran aconsejable que sean las agencias de medios las que actúen como intermediarias entre la Administración y los soportes.
Así lo han puesto de manifiesto en el marco del Foro APM «La publicidad institucional en España: pluralismo informativo y adaptación al entorno digital«, celebrado recientemente en la Asociación de la Prensa de Madrid.
«La publicidad institucional, hoy en día, no afecta de manera negativa al pluralismo informativo ni por su cuantía ni por la forma de asignación, aunque debe de hacerse ésta de acuerdo a una regulación que contemple criterios de transparencia, objetividad, proporcionalidad y que atienda al interés general», defendió el director general de AEDE, José Gabriel González.
«Hay aspectos que se pueden cambiar y mejorar ese criterio de reparto«, recalcó el director general de AEDE, al tiempo que ha concretado que, «además de estar regulado, debe observarse escrupulosamente un nivel de transparencia y objetividad en su asignación, siguiendo criterios profesionales y proporcionales al nivel de audiencia de los medios«.
Agencias de medios como intermediarias
Así mismo, señaló que consideraba aconsejable que “se intermedie la asignación de la publicidad institucional con profesionales de las agencias de medios”, evitando así el contacto directo entre el medio y la administración que podría suponer una tentación para intercambiar publicidad por influencia».
No obstante, el director general de AEDE no cree que sea conveniente realizar concursos públicos para la selección de dichas agencias «con criterios meramente mercantiles, que utilizaría una marca comercial y que empujan a las agencias de medios a ofertar precios excesivamente bajos o descuentos excesivamente altos que acaban hundiendo el mercado publicitario».
«No es bueno porque la publicidad institucional no se rige por las mismas reglas que la mercantil y la marca comercial», argumentó, para después recordar que se trata de publicidad de un organismo público que «debe de estar regulada» y debe de llegar «a todos los ciudadanos de la manera más homogénea y plural posible».
