La Junta de Castilla y León se ha convertido en la primera administración pública en auditar sus campañas de publicidad institucional, labor para la que ha contado con la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).
Según han comunicado ambas instituciones, OJD ha auditado 114 campañas ejecutadas durante 2023, que han conseguido una cobertura promedio del 90% – lo que asegura, explican, que los mensajes alcanzaron a la población de forma clara y efectiva-; 371,8 millones de impactos potenciales y la ejecución del 93,4% de las campañas planificadas dentro de los presupuestos asignados.
“Para nosotros, es crucial que los ciudadanos sepan que cada euro destinado a la publicidad institucional tiene un propósito claro y está siendo gestionado de manera responsable”, ha señalado Luis Miguel González Gaglo, consejero de presidencia de la Junta de Castilla y León. “Esta auditoría refuerza nuestra rendición de cuentas y nos permite mejorar nuestras estrategias de comunicación”.
“Este paso no sólo marca un hito en la gestión pública de la publicidad institucional, sino que también abre la puerta a una nueva era de transparencia en las administraciones públicas”, ha expresado por su parte Manuel Sala, director general de OJD. “Al someterse a esta auditoría, la Junta establece un estándar que otras instituciones deberían seguir para asegurar la confianza de los ciudadanos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
El informe también hace hincapié en la importancia de utilizar medios con datos auditados para asegurar que cada inversión tenga el mayor retorno posible. El uso de herramientas como la auditoría permite ajustar y optimizar futuras campañas, asegurando que se alcance de manera eficiente a los públicos más relevantes.
“Animamos a otras administraciones a que sigan este ejemplo y apuesten por una publicidad institucional basada en datos auditados, lo que beneficiará tanto a los ciudadanos como a la administración misma en términos de confianza y eficiencia”, concluye Sala.