El Ministerio de Consumo ha anunciado la supresión del uso de los números de tarificación adicional, los conocidos 902, en la próxima reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que el gabinete remitirá a tramitación en los próximos días con el objetivo de que el texto sea analizado por el Consejo de Ministros en otoño.
El objetivo es suprimir este tipo de numeración y ofrecer un nuevo número geográfico de tarifa básica para el servicio de atención al cliente, que no suponga un sobrecoste para los consumidores. Desde el ministerio apuntan a que “una atención eficaz y de calidad y una información completa y veraz en los servicios de atención al cliente, quejas y reclamaciones no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor”.
Por ley, toda compañía o profesional debe disponer de servicios de atención telefónica con los clientes. En concreto, se ha de contar con un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica. Un concepto, este último, abstracto que, según el ministerio que dirige Alberto Garzón, “muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste”.
Los 902 se posicionan como los que arrojan un coste más elevado, de hasta 50 céntimos por minuto. Su origen deriva de las antiguas llamadas provinciales, donde se estableció que aquellos usuarios que llamaban a un 902 localizado fuera de su provincia debían pagar más por aquella llamada. A día de hoy, todos los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles, por lo que, según Consumo, “los 902 han quedado obsoletos”.
La nueva medida aparecerá en la reforma que el gabinete está preparando sobre la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se detallará, además de la prohibición de los 902, los números geográficos dedicados al servicio de atención al cliente.
