Hasta ahora, en las distintas normas sobre propiedad intelectual aprobadas, los editores de diarios se han considerado relegados ante otros agentes, a pesar de que los diarios impresos y digitales cuentan con doble protección constitucional, recogida en las libertades de mercado y expresión.
En esta ocasión, AEDE quiere expresar desde el primer momento tanto su voluntad negociadora como su intención de defender con firmeza sus derechos, por cuanto “si la futura norma sobre Propiedad Intelectual prolonga la actual indefensión de los editores sobre los contenidos de sus diarios en Internet, su futuro quedaría en suspenso”.
Contraste con los gobiernos europeos
A juicio de AEDE, la “endémica indiferencia de los sucesivos Gobiernos españoles hacia la prensa contrasta todavía más si se compara con la cerrada defensa de los derechos de propiedad intelectual digital de los editores que viene llevando a cabo el resto de Gobiernos europeos, especialmente el alemán”.
La asociación considera clave que cualquier reproducción comercial directa o indirecta de sus contenidos digitales por terceros requiera del permiso previo de los editores, como sucede con sus ediciones impresas. Demandan también que se reconozca su derecho a ser convenientemente remunerados cuando otorguen dicho permiso sobre sus contenidos digitales.
Los editores juzgan un contrasentido que el Gobierno apoye “en la teoría el desarrollo de un nuevo mercado de contenidos digitales por su alta incidencia en la creación de empleo y generación de riqueza, pero que luego “en la práctica” no establezca las condiciones legales necesarias para desarrollarlo”. “Sin seguridad jurídica no hay mercado que pueda crecer ni inversión que dé fruto”, aseguran.
