A pesar del deseo de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de acelerar la tramitación de las tasas Google y Tobin, los tiempos parlamentarios retrasarán la entrada en vigor de la primera hasta enero de 2021. Con una recaudación inicial estimada de 968 millones de euros, la agencia de calificación Moody’s pone en duda la capacidad de gravar a multinacionales como Facebook, Amazon o Alphabet, que podrían derivar su coste a anunciantes, vendedores o consumidores.
Los votos a favor de PSOE y Podemos y la abstención de PNV y Bildu han servido para que el Congreso aprobase este miércoles el proyecto de ley, responsable de la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales, también conocido como ‘tasa Google’. A la espera de que la norma pase por el Senado, se prevé que su aprobación se alcance entre septiembre y octubre.
El impuesto digital entraría así en vigor en enero de 2021, ya que el texto del proyecto contempla su puesta en marcha transcurridos tres meses desde su aprobación. La tasa planea gravar con un 3% los ingresos procedentes de la publicidad online, la intermediación y la venta de datos de aquellas empresas con una facturación global de más de 750 millones de euros y una nacional de tres millones.
España se une así a Francia, pionera en introducir este tipo de gravamen, y se adelanta a las negociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que decidió el pasado mes de junio retrasar la posibilidad de alcanzar un principio de acuerdo con los países miembros hasta octubre.
Duda sobre a quién recaerá la tasa
Esta misma semana, la agencia de calificación Moody’s ha publicado un informe donde calcula el impacto de este impuesto digital. Considera que éste tendrá un impacto muy limitado para las grandes multinacionales tecnológicas, como Facebook, Amazon o Alphabet, ya que “su poder de fijación de precios permitirá derivar su coste a anunciantes, vendedores o consumidores”.
Reconoce que el tributo podría entregar a los gobiernos ingresos adicionales, aunque “marginales”. Y subraya que la base impositiva de la economía digital “es mucho más difícil que la tradicional y supone un desafío para las administraciones tributarias”, ya que las grandes compañías tecnológicas suelen asentar su sede en países con tasas impositivas efectivas más bajas.
En junio, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC), IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) manifestaron su rechazo al desarrollo unilateral del impuesto digital en España, enfatizando que la medida repercutiría, sobre todo, a las pymes y a las ‘startups’.
“Aunque se supone que los umbrales del impuesto afectarían sólo a las grandes multinacionales, en realidad aquellas subsidiarias que pertenecen a grupos nacionales más grandes que cumplieran los criterios fijados se verían plenamente afectadas, lastrando su competitividad en un mundo tan globalizado”, recordaban.
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