El gobierno británico ha presentado una nueva norma con la que persigue reducir el número de niños con sobrepeso y obesidad en Reino Unido, consistente en la prohibición de toda acción publicitaria online, protagonizados por alimentos con alto contenido de grasas, sal y azúcar (HFSS, sus siglas en inglés).
Después de que el pasado mes de julio anunciara la prohibición de anuncios de este tipo de productos en televisión antes de las nueve de la noche, el ejecutivo que preside Boris Johnson ha comunicado el lanzamiento de una nueva norma que prohibiría, esta vez, el lanzamiento de campañas publicitarias a nivel online.
“Sabemos que los niños pasan más tiempo en línea, y los padres quieren asegurarse de que no están expuestos a anuncios que promueven alimentos no sanos, y que pueden afectar a sus hábitos de vida”, ha expresado el secretario de Salud, Matt Hancock, en referencia al incremento de campañas en internet protagonizados por productos HFSS en los últimos años.
De acuerdo a los datos de la administración, en 2019 los menores de 16 años quedaron expuestos a 15.000 millones de anuncios online de este tipo de alimentos, cuando en 2017 dicha cuantía se situaba en los 700 millones.
De implementarse, la prohibición afectaría a todo tipo de campañas de marketing digital, desde anuncios y publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; campañas de publicidad en Google Ads; o promociones por SMS. Y se incluirían tanto los alimentos tradicionalmente considerados como comida basura (hamburguesas, pizzas, refrescos con azúcar, etc.) así como otros, en principio, menos perjudiciales, como los aguacates, el marmite, la mermelada o la nata.
En un comunicado emitido por la Asociación de la Publicidad de Reino Unido, su director ejecutivo, Stephen Woodford, ha expresado la preocupación que sienten desde el sector, que ven la norma como “severa y desproporcionada”.
“Si esta política sigue adelante, supondrá un duro golpe a la publicidad británica en un tiempo en el que se tambalea por el impacto de la COVID-19”, ha señalado.
Y aunque reconoce que todavía es pronto para lanzar conjeturas porque la ley “no está ni medio cocida” – actualmente, se encuentra en un periodo de consulta de seis semanas-, “sí tiene todos los ingredientes para que sea un golpe al sector por parte de un gobierno que creíamos que estaba interesado en priorizar el crecimiento económico, junto con medidas de intervención específicas para apoyar la salud y el bienestar”.
