La ley supone la desaparición de la publicidad en RTVE y un nuevo sistema único de financiación basado en los ingresos públicos. Además de las dotaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado, la televisión pública se mantendrá también gracias a un porcentaje del 3% sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto, así como de un 1,5% aportado por los canales de pago y un 0,9% que aportarán los operadores de telecomunicaciones. RTVE también podrá obtener ingresos a través de la comercialización de sus contenidos.
Las autopromociones, la publicidad institucional o las campañas divulgativas de carácter social o solidario no tendrán la consideración de publicidad y serán gratuitas.
La ley también prevé que TVE no podrá dedicar más de 10% de su presupuesto anual a la adquisición de eventos deportivos de interés, excluyendo los Juegos Olímpicos. Se permitirán, sin embargo, los patrocinios e intercambios publicitarios de los acontecimientos deportivos y culturales que se enmarquen dentro de la misión de servicio público de RTVE y que no tengan valor comercial.
Así mismo, el 60% de sus emisiones totales deberá estar compuesto por contenidos (largometrajes, cortos, documentales…) producidos en Europa. Tampoco podrá emitir, en el conjunto de sus canales, más de 70% de películas de estreno de las grandes productoras internacionales.
La industria publicitaria y los anunciantes, unidos alrededor de la Plataforma Sin publicidad en TVE perdemos todos ha reiterado una vez más que la ley se ha llevado adelante a espaldas de la sociedad. La Plataforma también ha advertido que su entrada en vigor pondrá en peligro 18.000 puesto de trabajo y afectará a la productividad de 4.367 empresas publicitarias. Todo ello se traducirá en una inflación de precios, una mayor saturación y una clara pérdida de competitividad. La Plataforma estima, además, que alrededor de 1.350 pymes no podrán asumir la subida de precios y tendrán que prescindir del medio televisivo en sus acciones de comunicación comercial.
