Los gigantes tecnológicos vuelven a situarse en el punto de mira de la Unión Europea. La Comisión Europea se encuentra ultimando el borrador de la llamada Data Act, un nueva norma con la que persigue impulsar la innovación data-driven en el Viejo Continente a través de la compartición de información entre empresas, individuos e instituciones, quedando excluidas grandes firmas tecnológicas como Google, Meta o Amazon.
Según lo contemplado en el borrador de la ley al que ha tenido acceso el portal Euractiv, la nueva norma introduce el principio de que todo usuario, individuo u organización, debería tener acceso a los datos que han contribuido a generar. Y señala la necesidad de que los productos conectados y los servicios relacionados – entre ellos, los asistentes virtuales- deberían dejar los datos disponibles al usuario por defecto para que este pueda emplear esa información o compartirla con terceros de forma gratuita o a través de una contraprestación.
Esta compartición de datos serviría para desarrollar nuevos productos, siempre y cuando la innovación no compita con los artículos del que posee los datos. Y en este proceso de intercambio, ambas partes podrán acordar medidas para preservar la confidencialidad de la información y los secretos comerciales.
En el borrador de la Data Act también se contempla la prohibición de que los usuarios o terceras partes compartan estos datos con las empresas que son consideradas como ‘gatekeepers’ en la Ley de Mercados Digitales (DMA). Estas son compañías que ofrecen servicios digitales – como buscadores, redes sociales, operadores de servicios publicitarios o de vídeo- y que cuentan con más de 45 millones de usuarios activos al mes en la Unión Europea.
Estas empresas tampoco podrán solicitar a los usuarios que compartan su datos con ellos ni recibir información por parte de estos. Y menos “obligar, engañar o manipular al usuario, socavando o perjudicando la autonomía, la toma de decisión o las elecciones del usuario, incluyendo por medio de una interfaz digital con el usuario”.
Quedan excluidas las micro y pequeñas empresas, excepto cuando estas sean “económicamente dependientes de otra empresa que no tenga la calificación de micro o pequeña empresa”.
Estrategia Europea de Datos
El borrador incluye un apartado dedicado al acceso del sector público a los datos derivados de los productos conectados y los servicios digitales, que solo será posible en casos excepcionales, para responder a una emergencia pública o cumplir obligaciones legales. Entre estos casos se citan desastres naturales, emergencias de salud pública o ataques terroristas.
Según el documento, esta información se debe proporcionar de forma gratuita y el organismo público no podrá volver a emplear los datos obtenidos, aunque sí dejarlos a disposición de la investigación científica.
Como sucede con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), esta norma complementa a la Ley de Gobernanza de Datos (DGA), ambas enmarcadas en la Estrategia Europea de Datos, con la que la Unión Europea busca reforzar la economía de los datos, aumentar la riqueza y el bienestar y otorgar al Viejo Continente de una ventaja competitiva en este sector.
A este respecto, la Comisión Europea estima que para 2025 el volumen global de datos se incremente un 530% y la economía de los datos de los 27 alcance los 829.000 millones de euros frente a los 301.000 millones registrados en 2018.
