Ante el planteamiento del Ministerio de Sanidad de obligar al empaquetado genérico en la industria del tabaco con el objetivo de reducir su consumo, la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) ha publicado un estudio donde expone el impacto colateral de una medida que, lejos de acabar con el consumo de tabaco, incentiva la commoditización del producto y la proliferación de falsificaciones.
Según ha explicado Gerard Guiu, director general de Andema, durante la presentación del Estudio sobre Empaquetado Genérico presentado en la sede de la CEOE, la asociación se muestra “en contra de medidas que supongan la expropiación encubierta de las marcas” y que, entre otras consecuencias, favorezcan la falsificación y el comercio ilícito. De ahí que pidan que se consideren alternativas menos restrictivas que garanticen un equilibrio entre los distintos intereses y derechos afectados.
El empaquetado genérico consiste en retirar todos los signos gráficos y/o visuales del envase y sustituirlos por un color neutro y el nombre de la marca en tipografía estándar de tipo reducido, impidiendo a las enseñas desempeñar sus dos funciones básicas: la identificación del producto y su diferenciación de la competencia. “El consumidor es el principal perjudicado de esta pérdida de información, pues se enfrenta a grandes dificultades para reconocer el producto y a un mayor riesgo de confusión”, aseguran.
La retirada de la identidad de la marca y la propia marca incentiva una difuminación en la mente del consumidor de la información y la reputación asociada a la rúbrica, lo que origina que el producto se convierta en un básico, llevando a un empobrecimiento a lo largo de la cadena de valor que perjudica al resto de sectores relacionados. De igual modo, esta commoditización trae consigo una bajada de precios y un aumento del tamaño de los formatos.
Se suma, indican, la proliferación de falsificaciones al ser los productos más fáciles y baratos de copiar. “Las falsificaciones son un gran problema social, que provoca destrucción de empleo, pérdida de ventas y de inversión, causando un daño a la economía nacional de más de 6.700 millones de euros”, añaden.
Violación de derechos de propiedad intelectual e industrial
Según recuerdan desde la asociación, la reducción de precios que traería consigo la implantación del envase genérico en la industria del tabaco no ayudaría a la reducción de su consumo y supondría, además, una merma en la cuantía fiscal que percibe el Estado por las ventas de los mismos.
Se une la propia violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la ley española, tal y como ha expuesto Jordi Montaña, catedrático emérito de ESADE-URL y director científico del centro de estudios de Andema. En concreto, la medida incumple con los derechos reconocidos en la Ley 7/2001 de Marcas, pudiendo acarrear su caducidad por incumplir los requisitos mínimos de utilización, y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, al favorecer la confusión entre empresas competidoras.
E indican, asimismo, que las propias medidas ya tomadas por la industria del tabaco y la Administración “garantizan que los consumidores estén ya bien informados sobre los riesgos del tabaquismo para su salud”.
Previendo quizás la posible bajada de precio del tabaco en envase genérico, en el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaco para 2024-2027 el Ministerio de Sanidad plantea la subida del impuesto al tabaco tradicional y crear uno nuevo en la venta de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado para incrementar el precio de estos últimos.
Riesgo de extenderse a otras industrias
Sobre la aplicación del envase genérico en la industria, desde la cartera que dirige Mónica García aseguran que esta medida ya se está aplicando en otros países europeos como Austria, Francia y Reino Unido, aunque desde Andema explican en su informe que esta medida no ha logrado reducir el consumo de tabaco y sí traído los efectos colaterales expuestos anteriormente.
“Si se aplicara la medida en España estos efectos colaterales podrían tener un gran impacto para la sociedad en general y, en particular, para el consumidor, la economía, la recaudación de la Administración, la seguridad jurídica de nuestro país y además, el sector afectado y todos los subsectores vinculados”, recuerdan.
Advierten, por último, que aunque la industria del tabaco está ahora bajo el foco de esta medida, podrían sumarse otros sectores igualmente vigilados como el alcohol o los alimentos procesados y azucarados.
