El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts sobre la obligación de que los equipos de atención al cliente de cualquier empresa que opera a nivel nacional atienda en catalán a los residentes de Cataluña en el marco de la Ley de atención a la clientela, la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes (AEERC) ha mostrado su preocupación por los costes que esta medida supondría para las compañías nacionales.
Según ha informado su presidente, José Francisco Rodríguez, a través de un comunicado, esta obligación “va en contra de la necesaria reducción de burocracia que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE”, a tenor de que, a juicio de AEERC, dicha medida generará un aumento de la carga burocrática y de los costes operativos y de adaptación para las empresas.
Supondría además una “pérdida de competitividad” no solo a nivel nacional, también internacional, y observan que la medida solo obedece a criterios electorales y de oportunidad política.
Según cálculos de AEERC, la normativa afectaría a empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros al año de sectores como Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Servicios postales, Entretenimiento, Banca, Seguros y Servicio público.
La AEERC también ha expresado su “inquietud” por el impacto que esta medida tendría sobre la eficiencia y la calidad del servicio, especialmente para aquellas empresas que no operan en territorios con lenguas cooficiales.
Otras organizaciones empresariales comparten la preocupación de la organización que reúne a las empresas de contact center. Entre ellas, la Confederación Empresarial Madrid-CEOE (CEIM), que recuerda que “debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública”.
La entidad expone que las empresas que mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen la posibilidad de ser atendido en catalán a los clientes que lo soliciten. Y aunque comprenden que la medida sea entendible desde una perspectiva nacionalista, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez debería “velar por el interés general”.
“Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder”, exponen.
Coinciden con la AEERC en el alza de costes que traería consigo y en la reducción de la productividad. “Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas”, concluyen.
