En concreto, apuestan por la creación de una figura jurídica, las «Sociedades de Beneficio e Interés Común» (SBIC), que identifique legalmente a aquellas compañías que alcancen los más altos estándares de desempeño social y ambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal; y que en sus estatutos se comprometan a la generación explícita de un impacto social y ambiental. Esta propuesta de ley ha recibido el apoyo de más de 350 organizaciones, cerca de 30.000 personas y 50 personalidades han firmado el Manifiesto para el Impulso de un modelo empresarial inclusivo y sostenible, que recoge esta petición dirigida a la administración y a los poderes públicos.
La aprobación de esta nueva figura tendría distintas implicaciones positivas a nivel empresarial, social, político y jurídico. Estos beneficios se han abordado en la mesa redonda “El porqué de la Ley de Empresas con Propósito”, celebrada en el marco del congreso “Mañana empieza hoy”, la convención organizada por IFEMA Madrid y Barrabés que se centra en la transformación hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental, con los ODS como referencia y marco de actuación.
Las SBIC, polos de atracción de inversión y talento
Las empresas con propósito generan impacto positivo y rentabilidad por igual, por lo que son un motor de crecimiento con mucho potencial e interesantes para los inversores. “El invertir en empresas con propósito es un elemento diferenciador muy potente, pero es necesaria una ley que ponga en valor a estas empresas y que de seguridad a los inversores. Así, cada vez habrá más personas entre la comunidad financiera que apoyen la inversión de impacto”, señaló María Ángeles León López, vicepresidenta de SpainNAB.
“El 50% de los jóvenes tienen la preocupación por el planeta en su agenda y un 75% quieren apostar por empresas que se muevan hacia esta dirección. Desde que somos B Corp, una empresa con propósito, tenemos factores adicionales para atraer el mejor talento, ya que trabajamos por una mejor calidad de vida de las personas, la inclusión, la diversidad y el desarrollo social”, afirma Alfredo Gazpio, director de Asuntos Públicos de Danone Iberia.
Por su parte, Cristina Monge, asesora ejecutiva de ECODES, señala que “la sociedad va por delante de las leyes y la política no puede quedarse atrás. Pero también debemos tener en cuenta el papel crucial de los medios de comunicación que son el aceite del engranaje social que promueve la movilización ciudadana. En paralelo, un país necesita también tener a las empresas como aliados en este proceso”.
Una ley para la transición a la sostenibilidad
Uno de los elementos necesarios para la transición es el impulso legislativo, ya que se establece una hoja de ruta y un modelo empresarial y social a seguir y a cumplir. “La necesidad de la norma es evidente. Cuando en una democracia se pacta elevar a rango de ley cualquier cuestión, se refleja en un texto los valores que la sociedad reclama como comunes. Debemos reconocer el trabajo que se está haciendo en línea con los ODS, la sostenibilidad y el interés común en forma de ley para no perder estos valores y su sentido y darle un nuevo significado al pacto social”, explica Patricia Gabeiras, socia co-fundadora de Gabeiras&Asociados.
Este reconocimiento legal permitirá y acelerará que más empresas sigan comprometiéndose estatutariamente a cumplir objetivos sostenibles, medir su impacto, evaluar sus resultados y seguir un plan de acción, a través de controles externos, por medio de auditorías, e internos. Y no lo hacen únicamente a nivel legal, sino también ante sus públicos. “Las compañías, a través de sus estatutos y de su propósito, están haciendo público su compromiso al mercado, a socios e inversores. Si no cumplen, sí tienen responsabilidad civil, pero no tienen responsabilidad legal ni económica. Se trata de una reforma normativa factible que ya han integrado otros países como Estados Unidos, Francia e Italia, y que permitirá acelerar el cambio en el panorama empresarial”, añade.
