La Comisión Europea ha ordenado a Google que permita a los asistentes de inteligencia artificial (IA) de otras empresas acceder en igualdad de condiciones a las funciones de Android y que comparta determinados datos de Google Search con los buscadores de la competencia. Las medidas son jurídicamente vinculantes y se han adoptado en aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA).
La primera decisión busca corregir las limitaciones que encuentran actualmente los asistentes de IA ajenos a Google, como ChatGPT o Perplexity, para utilizar funciones esenciales del sistema operativo móvil. Según Bruselas, estos servicios no pueden competir en las mismas condiciones que Gemini, que dispone de acceso completo a las herramientas de Android.
Las restricciones afectan a la capacidad de estos asistentes para ejecutar acciones dentro de aplicaciones y reducen su atractivo para los usuarios. La Comisión recuerda que alrededor del 60% de los consumidores de la Unión Europea utiliza un dispositivo Android.
Con las nuevas obligaciones, los usuarios podrán activar mediante comandos de voz el asistente de IA que hayan elegido, de una forma similar a la expresión “Hey Google”. También podrán pedirle que realice tareas en otras aplicaciones, como reservar un taxi, proponer respuestas para una conversación o facilitar información sobre un lugar visitado recientemente.
Las condiciones fijadas por el Ejecutivo comunitario incluyen salvaguardas para proteger la privacidad, la seguridad y la integridad de los dispositivos. Los usuarios comenzarán a beneficiarse de estas modificaciones en Android a partir de julio de 2027.
Compartir los datos del buscador
La segunda decisión regula cómo deberá compartir Google los datos generados por su buscador. La Comisión considera que esta información resulta necesaria para desarrollar y optimizar servicios alternativos, ya que Google Search puede recopilarla a una escala difícil de alcanzar para otras empresas.
Bruselas ha precisado que los chatbots de IA que incorporen funciones de búsqueda podrán solicitar el acceso a estos datos. Google deberá facilitar, tras su anonimización, la misma información que emplea para mejorar sus propios servicios de búsqueda.
Google podrá analizar antes de cada cesión si el acceso solicitado por una empresa concreta plantea riesgos graves para la ciberseguridad o la protección de datos. La Comisión también podrá modificar las condiciones de anonimización según evolucione el mercado y a partir de evaluaciones realizadas por terceros independientes.
Las medidas definen además una fórmula para calcular el precio de los datos y un procedimiento transparente para solicitarlos. La tecnológica deberá comenzar a compartir la información con los buscadores que cumplan los requisitos en enero de 2027.
Nuevas multas europeas por la DMA
La Comisión Europea también ha impuesto a Google dos multas por un total de 890 millones de euros por limitar la competencia en Google Search y Google Play. Bruselas considera que la tecnológica ha vulnerado la Ley de Mercados Digitales al favorecer sus propios servicios en el buscador y restringir la capacidad de los desarrolladores para informar a los usuarios sobre ofertas más económicas fuera de su tienda de aplicaciones.
La primera sanción, de 460 millones de euros, responde al trato preferente que Google ha concedido a servicios propios como Google Shopping y sus herramientas de hoteles, transporte o resultados deportivos. Según el Ejecutivo comunitario, la empresa los ha situado en posiciones destacadas y ha empleado elementos visuales y filtros que no estaban disponibles para sus competidores.
La segunda multa asciende a 430 millones de euros y está relacionada con las condiciones impuestas a los desarrolladores en Google Play. La Comisión sostiene que la compañía les ha impedido dirigir gratuitamente a los usuarios hacia páginas web o tiendas alternativas donde podían encontrar precios más bajos.
Aunque la normativa permite a Google cobrar una tasa por los nuevos clientes captados mediante Google Play, Bruselas considera que el importe aplicado ha sido excesivo. La empresa deberá modificar sus prácticas en un plazo de 60 días, ofrecer un trato justo y no discriminatorio a los servicios rivales en las búsquedas y permitir que los desarrolladores informen sobre ofertas externas.
En caso de incumplimiento, Google se expone a sanciones periódicas de hasta el 5% de su facturación anual mundial. Las infracciones analizadas corresponden al periodo comprendido entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.
Google ha cuestionado la decisión de la Comisión. Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google y Alphabet, ha asegurado que “la DMA sigue perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos” y ha defendido que el cumplimiento de la normativa obliga a retirar funciones en tiempo real relacionadas con hoteles, vuelos o restaurantes y a modificar las medidas de seguridad de Google Play.
