A pesar de la intención del Gobierno de aprobar este año la reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, anunciada en 2024 para dotar de mayor transparencia al sector de los medios de comunicación (incluido el reparto de la inversión publicitaria en los mismos) todavía no se ha conocido el texto definitivo. Lo que no quiere decir que a nivel autonómico las Cortes no hayan promovido reformas en materia de publicidad institucional.
La primera en hacerlo ha sido Castilla y León, a propuesta de Podemos, preocupado este partido por el auge de los bulos en internet, y que ha sido aprobada esta semana gracias al apoyo de PSOE y Vox.
El Colegio de Periodistas de Castilla y León ha lamentado que la reforma haya salido adelante, puesto que el texto se había redactado sin consultar al sector y habiendo aprobado modificaciones “que pueden dar lugar a interpretaciones, lo que supone una gran incertidumbre entre los medios de comunicación, ya que según se interpreten y apliquen algunos medios pueden estar abocados al cierre o se puede producir el despido de periodistas”.
La alarma lanzada por dicha asociación responde, en concreto, a la obligación de topar la inversión publicitaria que destinan la administración autonómica, diputaciones y ayuntamientos al 33% de la cifra de negocio del medio de comunicación. Esto podría limitar las finanzas de aquellos medios más pequeños asentados en el medio rural, que dependen en mayoría de las ayudas institucionales, explican.
Se suma la prohibición de destinar inversión a aquellos medios que hayan sido condenados dos veces durante los últimos tres años a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y la intimidad y la propia imagen o delitos de odio.
Otra de las medidas incorporadas es la creación de un Consejo de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), acorde con la distribución política del Parlamento Regional, que será la que deberá decidir la subvención que se dirige a la televisión autonómica. A este respecto, se prevé sacar a concurso en tres meses la concesión de la misma, hoy en manos de una sociedad formada por Edigrup y Promecal.
Reforma de la Ley de Publicidad Institucional, pendiente
El pasado septiembre, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez anunció la reforma de la Ley de Publicidad Institucional con el objetivo de introducir las medidas planteadas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación sobre la distribución de la inversión publicitaria institucional y los sistemas de medición de audiencia. El reglamento fue aprobado por la Unión Europea en abril de 2024 y se espera que entre en vigor este agosto.
La reforma se contempló en el Plan de Acción por la Democracia y apunta la incorporación de medidas “para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad», contempladas a su vez en la norma europea. Se suma la obligación de todas las administraciones públicas de informar sobre la inversión publicitaria que realizan cada año.
Pero también, medidas de apoyo para los medios de comunicación en lenguas co-oficiales, novedad frente al texto europeo. Como también lo es que se vayan a introducir límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios “para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones”, escriben.
La reforma de la Ley de Publicidad Institucional se contempló en el Plan Anual Normativo de 2025 presentado en abril. Según declaró el ministro de Justicia, Félix Bolaños – titular de la cartera que llevará a cabo la modificación del texto – se “abriría” dicho “melón en los próximos meses”.
