En la próxima junta general de accionistas de Shell, que se celebrará en Londres el próximo mayo, podría haber una rebelión de accionistas que exigirían a la firma petrolera que alinee sus objetivos de reducción de emisiones a medio plazo con el acuerdo de París de 2015, después de que el verano pasado su CEO, Wael Sawan, abandonara los planes de la compañía de reducir la producción de petróleo y aumentar la inversión en productos de bajo carbono.
Según informa The Guardian, la resolución climática desarrollada por la organización activista Follow This cuenta con el apoyo de un total de 27 inversores, que en conjunto suman el 5% del capital de Shell.
Entre los accionistas, se incluyen grandes inversores como el Fondo de Ahorro del Empleo Nacional (Nest, por sus siglas en inglés), que gestiona las pensiones de casi un tercio de empleados británicos; la gestora francesa Amundi, que atesora cerca de 2 trillones de euros en activos, así como Candriam, Scottish Widows y Rathbones Group.
“Instamos a Shell a que establezca un conjunto de objetivos de emisiones absolutos de Scope 3 creíbles. Esto demuestra liderazgo, que Shell se toma en serio la transición de su negocio y juega un papel en generar un cambio en el mundo real”, ha señalado al medio británico Diandra Soobiah, directora de inversión responsable de Nest.
Las emisiones Scope 3 incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero no relacionadas con las generadas directamente por las compañías o las compradas para sus propias necesidades energéticas, como las producidas por la compra de materias primas hasta la entrega de un producto o servicio al consumidor.
La resolución será debatida en la próxima Junta General de Accionistas de Shell, que se celebrará en mayo, y se espera que más inversores puedan sumar su apoyo al documento. Aunque desde Shell aseguran las peticiones de este último no han cambiado respecto a las solicitadas en 2023, rechazada por los accionistas.
“El consejo de Shell ya aconsejó a los accionistas con anterioridad que la resolución de Follow This era simplista y poco realista, que no tendría impacto en mitigar el cambio climático, tiene consecuencias negativas para nuestros clientes e iba en contra de los intereses de la compañía y nuestros accionistas”, han informado.
La Unión Europea aspira a poner coto al greenwashing
La petición de la organización activista holandesa frente a la compañía británica se produce en un tiempo en el que la Unión Europea busca limitar las afirmaciones comerciales que puedan incitar greenwashing.
La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó por 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, la norma que persigue proteger a los consumidores europeos de prácticas comerciales engañosas relacionadas con “blanqueo ecológico” y la obsolescencia temprana de los productos.
El texto aprobado contempla la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas como ‘respetuoso con el medio ambiente’, ‘natural’, ‘biodegradable’, ‘climáticamente neutro’ o ‘eco’ sin pruebas en el etiquetado de los productos, y se regulará el uso de etiquetas de sostenibilidad, debido a la confusión, explican, provocada por su proliferación y por no emplear referencias comparables.
Como solución, la Unión Europea solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidas por las autoridades públicas. Asimismo, se prohibirán alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones.
También se prohibirán las alegaciones infundadas sobre la durabilidad (por ejemplo, decir que una lavadora durará 5 000 ciclos de lavado si no es cierto en condiciones normales), las incitaciones a sustituir los consumibles antes de lo estrictamente necesario (suele ocurrir con la tinta de impresora, por ejemplo) y presentar los productos como reparables cuando no lo son.
La directiva aprobada por el Parlamento está diseñada para funcionar junto a la Directiva sobre alegaciones ecológicas, que se halla actualmente a debate en la Eurocámara. Esta norma será más específica y elaborará con mayor detalle las condiciones para hacer alegaciones medioambientales.
