Todas las asociaciones que representan la producción audiovisual españolas muestran su profundo desacuerdo ante los cambios que el Partido Socialista ha introducido en las últimas horas en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que se encuentra en la recta final de su tramitación parlamentaria.
Es la primera vez en mucho tiempo que tanto AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) como PATE Productores audiovisuales cierran filas contra lo que puede suponer, según el sector, «el final de una industria floreciente y estratégica para el país».
Los cambios introducidos mediante enmiendas que pretendían una supuesta mejora técnica del texto, suponen un duro golpe para la producción independiente y al sector cultural, vinculada a la misma y cuya viabilidad pasa a estar amenazada. Con estas decisiones, cumpliendo con la directiva audiovisual europea que se pretende trasponer a los países de nuestro en torno, lo que en realidad consigue es alejarnos de ellos y sumir a la cultura audiovisual y a la producción independiente a una crisis inmediata.
Modificación del modelo
Tras la reunión de la tramitación de la LGCA, las asociaciones descubrieron cambios que suponen una modificación completa del modelo, en relación a la producción audiovisual, y que en términos generales, estaba de acuerdo con dichos organismos.
Sin embargo, la Enmienda 790 que, con la justificación de una «mejora técnica», modifica el art. 110.1 tal que:
- «Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual».
Esta modificación implica un cambio enorme, tanto para la producción independiente como para el sector en su conjunto. A pesar de que, aunque el cambio pueda parecer mínimo, modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación, en exclusiva, respecto del prestador que se contrata, lo que permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes sólo contratando de forma cruzada con otros prestadores sus servicios.
Es decir, las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación tendrán la consideración de «independientes» cuando produzcan para otros proveedores, compitiendo de forma desleal y con ventajas con los verdaderos productores independientes.
De esta forma, la modificación impulsa una concentración inmediata de la industrial, en el duopolio televisivo actual y, a medio plazo, en las grandes plataformas internacionales. Esta decisión va en contra del movimiento europeo y de la diversidad que el productor independiente garantiza desde sus inicios. Esta modificación tiene impacto cultural y laboral, pues pone en riesgo 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar aún más los 7.000 restantes.
