Vivimos momentos de enorme ilusión en el ecosistema de las startups, y al mismo tiempo, de enorme preocupación ante una ofensiva regulatoria a nivel europeo y español que tiene como denominador común un componente claramente antinnovador.
En efecto, cada vez tenemos un ecosistema de startups más maduro, que ha aprendido de manera colectiva para no cometer algunos errores del pasado, y que se consolida año a año. Cada vez tenemos más inversión en startups, con proyectos más profesionales y de mejor calidad.
Sin embargo, sobre ese futuro esperanzador se ciernen negros nubarrones en forma de regulaciones y normativas que, bajo pretexto de regular nuevas realidades, están consolidando un marco en el que cada vez va a ser más difícil emprender e innovar.
Sirva como ejemplo la nueva Directiva de Copyright que en su última fase de tramitación plantea modificar de manera radical el modelo de responsabilidad con el que se ha desarrollado en Europa el modelo de Internet que conocemos desde el año 2000. Ahora será la plataforma la responsable de los contenidos que suben los usuarios lo que va a provocar graves perjuicios al ecosistema.
También se está promoviendo una nueva directiva sobre privacidad en internet que introduce elementos preocupantes. Lo más paradójico es que este mismo año ha entrado en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y cuando todavía ni siquiera sabemos cómo se está implementando, qué efectos está provocando y qué aprendizajes podemos extraer como sociedad, nuestros representantes europeos ya están diseñando una directiva de privacidad que en algunas cuestiones está en abierta contradicción con el Reglamento ya en vigor.
En nuestro país, el gobierno no se queda atrás. Además de posicionarse en los debates europeos en la línea más dura antinnovación, acaba de aprobar un catálogo de supuestos derechos digitales, por vía de enmienda a una Ley Orgánica de Protección de Datos que sólo debía tener como objeto modificar aquello que fuera necesario para dar cumplimiento al Reglamento de Protección de Datos.
De igual modo, el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para poner en marcha una tasa digital. Mientras que en el seno de la OCDE y la UE se está debatiendo cómo ajustar nuestros sistemas fiscales a la nueva realidad de la economía digital, nuestro gobierno ha decidido ser el primero de Europa en poner en marcha una tasa digital que va a provocar incertidumbre, mayores costes para startups y consumidores, y una retracción de inversiones para nuestro ecosistema.
Más allá del efecto directo de esta tasa sobre los gigantes de Internet, esta afectará de forma muy significativa a las agencias de marketing y a todas las startups y pymes que hagan cualquier tipo de marketing online, porque es de suponer que las grandes empresas del sector repercutirán esta tasa a todos sus clientes españoles. Es una pésima noticia para el ecosistema de emprendimiento en España que hará que tengamos una desventaja frente a las startups del resto del mundo, encareciendo nuestros costes de adquisición de cliente y haciéndonos menos competitivos.
Sacar pecho como país diciendo que somos los primeros en tener una tasa digital, va a retraer con toda probabilidad a muchos inversores nacionales e internacionales que preferirán invertir en proyectos que tengan su domicilio fiscal en otros países menos discriminatorios contra el sector digital. Y también puede ocurrir que muchas startups acaben emigrando a otros países, si ven que su crecimiento, escalabilidad y posibilidades de financiación pueden ser castigadas por una tasa de este tipo.
Es cierto que la nueva realidad digital requiere de una nueva visión desde el sector público, incluida una regulación cuando así proceda. Pero eso sólo debería hacerse desde la comprensión del funcionamiento de la economía digital y desde el análisis riguroso después de una evaluación. Y además consensuando con los actores las medidas que se van a tomar. Todo lo contrario a cómo se está haciendo en la actualidad.
