La Asociación Española de Startups nació en 2015 con un objetivo claro: ser la voz de las startups españolas y promover los cambios necesarios en materia regulatoria para hacer de nuestro país el mejor lugar para emprender.
Pronto, desde sus primeros pasos, la Asociación recogió las diferentes demandas que estaban dispersas por el ecosistema y las ordenó y priorizó para de ahí obtener un primer conjunto de medidas que reclamaban los emprendedores, los inversores y el resto de agentes del sector. A esa propuesta inicial, que apenas era un listado de prioridades que sumaban un par de folios, le llamamos de manera grandilocuente “Propuesta para una Ley de Startups”. Apenas era un piloto, un MVP si utilizásemos el argot del sector, pero la criatura echó a andar de esa manera. Todo en la vida tiene un principio. Y es justo reconocer a sus primeros impulsores.
El año pasado se batió el récord de inversión en startups, alcanzándose la cifra de 4000 millones de euros
Hay veces en que es necesario imaginar cómo pueden ser las cosas, al menos idealmente, para después acabar viéndolas hacerse de carne y hueso. El proyecto de Ley de Startups que el gobierno aprobó en diciembre y remitió al Parlamento para su debate y aprobación definitiva a lo largo de este año, tuvo su origen en aquellas reuniones de un grupo de emprendedores a finales de 2015 y principios de 2016. Después hubo que hacer un arduo trabajo, pues ni los líderes políticos, ni los gobiernos, ni los partidos entendían por aquel entonces lo que era una startup, su cultura, la importancia de un ecosistema emprendedor potente para el futuro del país. Centenares de reuniones, notas de prensa, artículos de opinión, entrevistas e informes después, por fin tenemos esta realidad. No es un éxito de la Asociación, es un éxito del conjunto del ecosistema que ha empujado y trabajado para convertir una pequeña utopía en realidad.
Singularidad
¿Por qué es tan necesaria una Ley de Startups? Porque dada la estructura socioeconómica del país y las condiciones de partida resultaba decisivo que una norma (no una medida unilateral de uno u otro gobierno) estableciese la singularidad de la startup como modelo empresarial (cuando la startup nace no es una empresa, es un proyecto de innovación que puede acabar convertido en una empresa), las dificultades para abrirse paso en un marco jurídico y mercantil que no está pensado para modelos innovadores, disruptivos y donde la tecnología juega un papel fundamental.
«Pero todavía queda trabajo por hacer. La música suena bien, pero la letra todavía no nos acaba de gustar del todo»
El gobierno ha escuchado nuestra petición y la arquitectura de la ley es satisfactoria: primero se reconoce la singularidad de la startup, después se le otorga una especie de sello startup, y con éste es automáticamente de aplicación un conjunto de ventajas en materia fiscal, seguridad social, políticas de talento, reducción de trabas burocráticas, etc. Pero todavía queda trabajo por hacer. La música suena bien, pero la letra todavía no nos acaba de gustar del todo. Se han incorporado demandas como una mejor fiscalidad para las stock options, se ha aumentado la desgravación fiscal para inversores individuales, se facilita la obtención de VISAS para emprendedores y trabajadores de nuestras compañías, se impulsa la compra pública innovadora y los entornos de prueba (SANDBOX), además de crear un órgano consultivo, el Foro Nacional de Empresas Emergentes, que era otra demanda nuestra para poder discutir sobre la aplicación de las medidas previstas, su evaluación y su posible reformulación en un futuro. Pero también creemos que hay que matizar muchas de las definiciones que se han hecho, faltan medidas fiscales más ambiciosas, todavía hay ciertos elementos que constatan que el gobierno y el sector público va con el freno de mano echado, como si no se terminara de entender no solo la idiosincrasia del ecosistema de emprendimiento, sino el enorme impacto que puede tener para el país en forma de creación de riqueza, empleo de calidad, recaudación impositiva y mejora del bienestar. A eso nos aplicaremos en las próximas semanas y meses en la tramitación, primero en el Congreso y luego en el Senado, del proyecto de ley.
Creemos que esta ley puede ser el punto de inflexión para el impulso definitivo del ecosistema español hacia su etapa de madurez. El año pasado se batió el récord de inversión en nuestras compañías, alcanzando la cifra de 4000 millones de euros. Con el enorme talento ya acumulado, con emprendedores en serie hoy ya convertidos en inversores, con una vocación más clara de las administraciones por el impulso de la colaboración público/privada y por la apuesta por un modelo regulatorio más innovador, el ecosistema español de emprendimiento y el conjunto de las startups podrá convertirse en la vanguardia del crecimiento económico y el bienestar en nuestro país.
