El Consejo de Estado considera «plausible prohibir o, al menos, limitar severamente los anuncios de prostitución en la prensa» siempre y cuando el Gobierno apruebe una ley específica.
Para el organismo consultivo, dada la «falta de un fundamento general que habilite» al Gobierno para prohibir los anuncios de prostitución en la legislación española «y la insuficiencia de los instrumentos procesales vigentes para declararlos ilícitos», sería necesario aprobar una disposición con rango de ley, «en concreto, una ley prohibitiva de la actividad», que permitiera al ejecutivo acometer esta restricción.
En este sentido, considera que la prohibición de estos anuncios «persigue un fin legítimo» y se trata de «una medida racionalmente relacionada con la consecución del fin», que a su vez, es «razonable» y «proporcional» porque «no se coligen medidas alternativas menos restrictivas de los derechos que permitan alcanzar la misma eficacia en el logro de la finalidad perseguida».
Por otra parte, el Consejo analiza la compatibilidad de esta prohibición con la libertad de expresión que recoge la Constitución Española y concluye que «pese a la consideración como comunicación» de la publicidad, «es posible establecer prohibiciones a su contenido -mediante el correspondiente instrumento legal- siempre que la publicidad lesione o ponga en peligro bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento».
En opinión del órgano consultivo, los anuncios de contactos pueden «superar los límites de la libertad de expresión fijados en 'la protección de la juventud y de la infancia' (artículo 20.4 de la Constitución)» así como podrían «no compadecerse adecuadamente» con el artículo 39.4 según el cual «los menores gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
Dicho todo lo anterior, el Ministerio de Sanidad de Sanidad, Política e Igualdad ha anunciado que estudiará las distintas opciones planteadas por el Consejo de Estado y establecerá un calendario que permita alcanzar este objetivo con el máximo consenso posible tanto de los grupos parlamentarios como de los propios medios de comunicación.
