La ciudadanía española exige mayor compromiso ético y sostenible a las empresas

Las prioridades ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en España se están redefiniendo desde una óptica cada vez más local y centrada en los valores comunitarios. Así lo constata el Impact Monitor 2025, el informe global elaborado por SEC Newgate, que revela que el 78% de la ciudadanía española considera que las empresas deben actuar en beneficio de todos sus grupos de interés, y no solo en favor de los accionistas.

De izquierda a derecha: Beatriz Herrera de Miguel, directora de Planificación, Estrategia, Reputación Corporativa y Sostenibilidad en Mahou-San Miguel; Ludi García, directora general de SEC Newgate Spain y Ana Gascón, People, ESG & Shareholder Office Director en Fiber Premium y ex Presidenta de DIRSE (Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad).

El estudio, que ha encuestado a más de 1.000 personas en España y a más de 20.000 a nivel global, identifica un cambio en la percepción y expectativas hacia el comportamiento corporativo en un contexto de fragmentación geopolítica y transformación económica.

“La sostenibilidad y la ética corporativa son fundamentales para la reputación de las empresas, y los consumidores valoran cada vez más la transparencia y el compromiso real”, señala Ludi García, directora general de SEC Newgate Spain.

Los hallazgos de la investigación fueron presentado en un encuentro organizado por SEC Newgate Spain en la Cámara de Comercio de Italia en Madrid. En el acto participaron, junto a Ludi García, expertas como Ana Gascón (Fiber Premium y ex presidenta de DIRSE) y Beatriz Herrera de Miguel (Mahou-San Miguel), quienes analizaron el impacto reputacional de las nuevas demandas sociales y la necesidad de integrar la sostenibilidad en el núcleo del negocio.

Producción local y sostenibilidad 

Una de las principales conclusiones del informe apunta a la preferencia por lo local. El 72% de los encuestados en España prioriza la producción nacional frente a la reducción de costes, y el 75% mejoraría su opinión sobre una empresa si esta fabrica, contrata y paga impuestos en el país.

En materia ambiental, el compromiso con la acción climática continúa siendo alto. Un 74% considera esencial que España acelere su transición hacia energías renovables, aunque cerca del 50% percibe que las empresas hacen aún demasiado poco para reducir su impacto ambiental.

 Salud, vivienda y educación

Los servicios esenciales encabezan la lista de preocupaciones sociales. Entre los temas más relevantes para la población destacan la atención sanitaria de calidad (65%), la vivienda asequible (62%) y el acceso a la educación (61%).

Solo el 39% de los españoles considera que el país avanza en la dirección correcta, una percepción más pesimista que la media global (48%)

La ciudadanía demanda más transparencia y responsabilidad a las empresas. El 57% cree que hay muy pocas compañías realmente transparentes, y se percibe una desconexión entre las decisiones corporativas y los intereses de los stakeholders. La ética empresarial, la escucha activa y la inclusión se consolidan como factores críticos para recuperar la confianza.

Asimismo, la percepción sectorial presenta notables diferencias. La agricultura (57%), las energías renovables (56%), la educación (56%) y la sanidad (55%) son los sectores mejor valorados, mientras que las redes sociales, las aerolíneas, la industria química y el alcohol reciben las peores puntuaciones.

Por otro lado y aunque solo el 37% de los españoles afirma conocer el término ESG, el interés crece una vez se comprende su significado. Tras recibir una explicación, el 34% muestra un nivel de interés alto (9 o más sobre 10), situándose en línea con la media global (35%).

UE, el mayor respaldo

En el plano internacional, la relación de España con la Unión Europea recibe el mayor respaldo (68%). Las relaciones con Canadá y Japón también son valoradas positivamente, mientras que EE.UU. y Rusia presentan un saldo negativo de imagen. En cuanto a la política arancelaria, el 51% de la población aboga por reducirlos para fomentar la competencia y abaratar precios.