El Proyecto de Ley también amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales. En caso de no haber recibido la información precisa, se amplía hasta 12 meses. En los contratos telefónicos, el consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
Entre las novedades del Proyecto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha explicado que figuran medidas para evitar las “cargas encubiertas”. Así, el empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.
La ministra también se ha referido al denominado “spam telefónico”, y ha reiterado su intención de impulsar un instrumento que permita poner fin a las molestias que pueden provocar a los ciudadanos las llamadas comerciales y “proteger los derechos e intimidad de las personas que no deseen recibir este tipo de ofertas”.
