El Gobierno ha aprobado este 15 de abril el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, una normativa en el ámbito de la salud pública infantil, que pone fin a la presencia de bebidas azucaradas, bollería industrial y alimentos ultraprocesados en los centros educativos.
“El objetivo es claro: garantizar una alimentación saludable independientemente del nivel de renta o del código postal”, afirma Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, en la rueda de prensa posterior al Consejo. A su lado, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha remarcado que “se trata de lograr una dieta más nutritiva y variada para nuestros menores”.
La norma establece criterios estrictos para los menús escolares, obligando a todos los centros, tanto públicos, concertados como privados, a que ofrezcan cinco comidas saludables por semana. Estas deberán incluir fruta y verdura fresca a diario, con al menos un 45% de productos de temporada, así como legumbres, cereales integrales y entre una y tres raciones de pescado semanales.
Uno de los pilares del decreto es su enfoque nutricional basado en evidencia científica. La normativa incorpora recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se eliminan así los productos que superen los cinco gramos de azúcares añadidos por porción o que sobrepasen los límites establecidos para grasas saturadas, sal o valor energético.
En concreto, ninguna porción servida podrá exceder las 200 kilocalorías. La regulación también pone fin a la venta de bebidas energéticas, refrescos azucarados y productos de bollería en máquinas expendedoras y cafeterías dentro de los centros escolares, alineando la oferta alimentaria con los objetivos de salud pública.
Además de la vertiente sanitaria, el decreto incorpora una perspectiva de justicia alimentaria y equidad territorial. Su aplicación será homogénea en todo el país, garantizando el acceso igualitario a una dieta equilibrada en todas las comunidades autónomas. El texto también contempla que al menos dos platos al mes o el 5% del gasto del comedor escolar se destinen a producción ecológica, reforzando el vínculo entre alimentación y medio ambiente.
Esta medida representa un paso decisivo en la lucha contra la obesidad infantil, un problema que afecta ya a más del 40% de los menores en edad escolar, según datos recientes. De hecho, el Ministerio de Consumo estima que hay más de 1.200 comedores escolares en España en los que no se sirve pescado nunca, y hasta un 14% de los centros incumplen la recomendación de ofrecer legumbres al menos una vez por semana.
Con esta norma, el Gobierno espera transformar los comedores escolares en espacios de educación alimentaria, sostenibilidad y equidad. El reto, a partir de ahora, será su correcta implementación y evaluación.
