Difícil imaginar en 2010, año en el que se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual aún en vigor, que emergentes compañías entonces, como Facebook, Google (YouTube), acabarían dominando a golpe de clic el mercado mundial de la publicidad. Los legisladores, puede argumentarse, no son adivinos, y podemos darlo por bueno en ese lejano 2010.
Pero lo que resulta de todo punto incomprensible e injustificable es que, 11 años después y con esas mismas compañías convertidas en gigantescas multinacionales que dominan el negocio digital mundial (también el audiovisual), el Gobierno haya aprobado un proyecto de Ley General Audiovisual (llamado a sustituir al obsoleto de 2010) en el que renuncia a imponer los mismos derechos y obligaciones a todos los operadores que prestan sus servicios en España, independientemente de su tecnología de emisión o la ubicación de su sede social. Esta vez no puede aducir desconocimiento: ha actuado sin visión de estado, dejándose conquistar por los cantos de sirena de unas plataformas que prometen el nirvana a cambio de que se les deje hacer, sin vigilancia, sanción ni regulación.
Los nuevos players internacionales compiten en España por el mismo consumidor y publicidad, pero pagan fuera, en países con menor fiscalidad, la gran mayoría de los impuestos generados por los ingresos obtenidos en nuestro país
De esta forma, el proyecto de ley que ahora comienza su tramitación parlamentaria extiende una alfombra roja, sin apenas regulación, para esas plataformas de video on demand (Amazon Prime Video, Netflix, HBO y Disney +) y de compartición (YouTube, Facebook), mientras llena de restricciones y obligaciones únicas a las televisiones en abierto. O lo que es lo mismo, favorece a esas multinacionales en detrimento de la industria nacional.
Obligaciones únicas para las televisiones en abierto
Las formas de consumo han cambiado. Los consumidores transitan con naturalidad de uno a otro canal sin apenas reparar en la tecnología; los menores tienen acceso a ingentes cantidades de contenido inapropiado en esas plataformas las 24 horas del día, y reciben numerosos impactos de publicidad no regulada; los nuevos players internacionales compiten en España por el mismo consumidor y publicidad, pero pagan fuera, en países con menor fiscalidad, la gran mayoría de los impuestos generados por los ingresos obtenidos en nuestro país,
La preocupación de UTECA que venimos expresando públicamente desde que conocimos el primer borrador del Anteproyecto, ha dejado paso a un estupor indisimulado al conocer el Proyecto de Ley enviado al Parlamento y constatar que el Ejecutivo no solo no ha igualado a los distintos operadores, si no que ha ido mucho más allá de lo que le obligada la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales, al fijar nuevas obligaciones únicas para las televisiones en abierto. Hablamos del aumento de la cuantía de las sanciones, del mantenimiento solo para las televisiones de horarios de protección reforzada para los menores y de la imposición a las plataformas de la obligación de destinar a la televisión pública el 1,5% de sus ingresos en España, que es exactamente la mitad del porcentaje al que obligan a las televisiones en abierto. La guinda a esta discriminación ha sido el establecimiento de una cuota del 6% en lenguas cooficiales en el catálogo de todas las plataformas de video on demand, cuando el Gobierno sabía que solo podría aplicarlo a las plataformas que tienen su sede social en España (Atresplayer, Mitele y Filmin, entre otras).
El Gobierno es plenamente consciente de la creciente alarma social por la ausencia de control editorial de los contenidos de las plataformas de compartición de video, y de la selva publicitaria en que se han convertido
El Ejecutivo ha aprobado una norma que consagra la discriminación entre unos y otros prestadores de servicios audiovisuales, según donde se ubique la sede social de la compañía. Y lo ha hecho a pesar de su conocimiento de que el mercado audiovisual es único y global y de ser plenamente consciente de la creciente alarma social por la ausencia de control editorial de los contenidos de las plataformas de compartición de video, y de la selva publicitaria en que se han convertido esas mismas plataformas internacionales.
Las televisiones pedimos algo tan sencillo como un tratamiento igualitario y un escenario de competencia equilibrado. El Gobierno y los grupos políticos, no pueden mirar para otro lado. Está en juego la identidad cultural, la vertebración del país y la efectiva protección de los colectivos más vulnerables, como los menores. Está en riesgo la viabilidad, diversidad y pluralidad de un sector audiovisual que en los últimos tres lustros no ha dejado de crecer y crear riqueza en España.
Desde UTECA vamos a seguir reclamando esos mismos derechos y obligaciones. Con la satisfacción de saber que un 90,8% considera la televisión gratuita un bien de interés general (Fuente: Barómetro, noviembre 2021) y la responsabilidad de ser un medio comprometido social y económica con la sociedad.
