La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) exige al Gobierno el cumplimiento de los compromisos anunciados sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo proyecto de Ley se aprobó el martes por el Consejo de Ministros. El texto remitido introduce cambios sobre el borrador del Anteproyecto que representan un grave perjuicio para la industria de telecomunicaciones.
Según el documento, se aplaza al ejercicio 2023 la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación de RTVE, desarrollado en la Disposición final tercera. La inclusión de esta prórroga supone una variación sustancial respecto a lo acordado en lo anunciado por el Ejecutivo en mayo. Los operadores confiaban en su aplicación en 2022.
El aplazamiento pone en riesgo los despliegues de redes inmediatos y, por tanto, la posición de ventaja competitiva que ostenta España en infraestructuras de telecomunicaciones. La crisis sanitaria ha mostrado la robustez de las redes que disponemos en nuestro país y su contribución sobre el conjunto de la actividad económica y social.
Esta decisión supone prorrogar una distorsión de la competencia que, durante años, ha sido una desventaja para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, así como para los operadores de telecomunicación. DigitalES, así como las empresas a las que representa, defiende que la legislación debe aspirar a ser cada vez más uniforme, aplicando las mismas reglas del juego para todas las empresas de un mismo mercado y eliminando penalizaciones adicionales que suponen un trato discriminatorio contra un sector estratégico.
Cuantiosas aportaciones
Desde 2010, los grandes operaciones contribuyen a la corporación de radiotelevisión pública a través de un doble gravamen. Éste se basa sobre su condición de operadores y sobre su actividad como productores audiovisuales. La nueva ley prevé eliminar el primer impuesto y ampliar el segundo a todos los actores que compiten en el mercado, incluyendo «los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de la plataforma que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al territorio nacional».
No se trata de la primera ocasión que la CNMC ha manifestado que la aportación exigida a los operadores de telecomunicaciones no guarda ninguna relación con ningún beneficio obtenidos por ésos por el fin de la publicidad en RTVE. Además, señala DigitalES, que las aportaciones realizadas por el sector representan cada año más del 65% de las aportaciones al ente público, habiendo provisto hasta la fecha más de 1.500 millones de euros por este concepto.
Peligro en los planes de inversión de 2022
El plan de implantación del 5G supone un volumen de inversión muy relevante en 2021 y 2022. Sólo la subasta de espectro ha supuesto ya más de 1.000 M de euros de inversión, a lo que debemos añadir planes agresivos de despliegue en 2022.
La hoja de ruta 5G, cuya medida más relevante era la eliminación de la ‘tasa RTVE’, ha sido un elemento crucial para poder asegurar un entorno viable para estas inversiones. Ante este contexto, que el gravamen continúe en 2022 impactará en los planes de inversión previstos el próximo año.
Desde la patronal, reclaman al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos y se ponen a su disposición para que, trabajando conjuntamente, se pueda encontrar una vía para que en las Cortes se corrijan esta situación. La asociación se pone a disposición de todos los grupos, con quienes ya ha iniciado contactos, para ayudar a desarrollar normas más justas y, por tanto, más adecuadas para la sostenibilidad económica, la protección del empleo y el bienestar social.
