El Ministerio de Consumo ha lanzado una campaña para recordar los derechos que tienen los consumidores y las obligaciones de los negocios en este periodo de rebajas, tanto en las compras realizadas en tiendas físicas como en plataformas digitales.
Las políticas de pago deben mantenerse en ambos canales, en las mismas condiciones que el resto del año. Esto significa que las tiendas físicas y digitales tienen que aceptar los medios de pago que utilicen habitualmente (tarjeta, efectivo o financiado) y mantener los mismos plazos de devolución.
En el caso de las compras online, además, existe el derecho al desistimiento, es decir, el consumidor tiene un plazo de 14 días en los que puede devolver el producto sin necesidad de alegar motivo alguno ni asumir coste. Según datos del INE, en el último trimestre de 2021, los principales problemas fueron: retrasos en la entrega (en un 28,7% de los casos de compras online), los fallos técnicos de las webs y su falta de usabilidad (16,4%) y la dificultad de encontrar información sobre las garantías u otros derechos legales (15,1%).
Garantía de tres años
En esa línea, el ministerio recuerda que el cliente cuenta de un periodo de garantía de tres años desde el pasado 1 de enero de 2022, periodo en el cual las empresas están obligadas a reparar o sustituir el artículo o servicio adquirido por el cliente en caso de disconformidad.
Obligaciones de los negocios en rebajas
En este periodo de rebajas, los comercios deben indicar la fecha inicial y final de los descuentos de forma visible en todo momento. Además, los negocios tienen que tener en cuenta las siguientes obligaciones:
- Etiquetar los productos rebajados de forma clara y diferenciada del resto, incluyendo el precio original y el descuento.
- No ofertar productos ‘defectuosos’ o con taras en las rebajas.
- Disponer de stock suficiente de los productos o servicios rebajados.
Por otra parte, el consumidor debe conservar el ticket o factura de compra, ya que será la documentación necesaria para ejercer cualquier derecho de devolución o ejecución de garantía.
En el caso de que se produjeran conflictos, el ministerio recomienda acudir a los servicios de consumo de las diferentes comunidades autónomas, a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de los ayuntamientos o a las juntas arbitrales de Consumo que existen por todo el territorio tanto a nivel regional como local.
El sistema arbitral es un mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para consumidor y empresa, que facilita y agiliza la protección de los derechos de las personas consumidoras y, en especial, de las más vulnerables, ya que se trata de un sistema gratuito.
