El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que considera contrarios a la normativa vigente. Las resoluciones, emitidas por la Dirección General de Consumo, afectan a anuncios que, según el Ministerio, incumplen los requisitos legales establecidos por diversas comunidades autónomas en materia de publicidad de alojamientos turísticos.
En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales.
En los últimos meses, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha remitido tres resoluciones a la filial irlandesa de Airbnb en las que se exige la retirada de estos anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad. La compañía recurrió la decisión ante los tribunales, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la actuación del Ministerio. En un auto reciente, el TSJM obliga a Airbnb a retirar de manera inmediata 5.800 anuncios incluidos en la primera resolución de Consumo.
Razones clave
La actuación del Ministerio se fundamenta en tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas:
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Falta del número de licencia turística, exigido por muchas normativas autonómicas para garantizar la legalidad del alojamiento ofrecido. Supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
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Ausencia de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador, es decir, si se trata de un particular o un profesional. Este dato es relevante para determinar si quien contrata tiene la protección que otorga la legislación de consumo.
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Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras.
Estas irregularidades afectan a anuncios de viviendas turísticas localizados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi, según el comunicado Consumo.
Contra el descontrol del alquiler turístico
El ministro Bustinduy ha manifestado su voluntad de cooperar con las administraciones públicas competentes para hacer frente al «descontrol e ilegalidad generalizada» del alquiler turístico, y garantizar tanto el acceso a la vivienda como la protección de los derechos de los consumidores.
En esta línea, el Ministerio está reforzando sus actuaciones a través de la Unidad de Análisis de Consumo, que está recopilando datos para ofrecer asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esa línea y pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados.
Expedientes, en curso
Además de las resoluciones notificadas a Airbnb, la Dirección General de Consumo tiene en marcha varios expedientes sancionadores. En diciembre de 2024 se abrió uno a otra plataforma de alquiler turístico por no incluir el número de licencia en sus anuncios. En febrero de este año, se iniciaron procedimientos contra grandes gestoras por no informar correctamente sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores. Y el pasado 27 de marzo se sumó un nuevo expediente contra una gran inmobiliaria por prácticas abusivas hacia inquilinos.
