IAB ha lanzado una propuesta de ley para resolver el problema del rastreo por parte de bots de IA del contenido publicado en medios editoriales soportados con publicidad. Titulada Ley de responsabilidad de la IA para los editores (AI Accountability for Publishers Act, en inglés), pretende frenar el scraping a gran escala con el que sistemas de inteligencia artificial recopilan contenido editorial para entrenar modelos de lenguaje y generar resúmenes, a menudo sin contraprestación económica.
Anunciado por David Cohen, presidente y CEO de IAB en el congreso anual de la asociación, en su discurso defendió la “necesidad urgente” de una respuesta legislativa para proteger el ecosistema editorial financiado por publicidad.
Según expuso, el rastreo masivo por bots de IA se ha convertido en una “crisis existencial” para los editores porque permite que compañías de IA se beneficien de inversiones editoriales realizadas bajo un modelo en el que el contenido se ofrece en abierto a cambio de la exposición publicitaria. En sus palabras, si las empresas de IA “cogen lo que quieran” sin pagar, el resultado será una reducción acelerada del número de editores sostenidos por publicidad en los próximos años.
Cohen también sostuvo que el problema trasciende líneas ideológicas, al afectar tanto a medios conservadores como liberales, y comparó el momento actual con el deterioro de los editores de noticias locales a mediados de los 2000.
A su juicio, aunque algunos actores digitales cuentan con recursos para litigar, los procedimientos judiciales pueden alargarse durante años y el sector “no tiene tiempo” para esperar una resolución. El escenario que dibujó es el de un mercado con pocas cabeceras premium apoyadas sobre suscripciones, mientras el resto de editores con publicidad se debilitaría.
Además, advirtió de un efecto boomerang para la propia industria de IA: si disminuye el contenido de calidad, habrá menos material que resumir y datos peores para entrenar modelos, con una degradación del valor de internet.
La propuesta se apoya en el concepto de enriquecimiento injusto, que Cohen describió como una idea básica: si alguien obtiene un beneficio a costa de otro, no debería conservarlo sin pagar. Bajo esa lógica, el texto plantea que “tomas mi contenido, pagas por ello”, y articula un marco de responsabilidad civil para usos no autorizados de bots y explotación de contenido editorial.
Qué establece la ley de IAB
El borrador propone que incurre en enriquecimiento injusto cualquier persona o entidad que, en el marco del comercio interestatal o internacional, despliegue o controle un bot —o haga que un tercero lo despliegue— para explotar el contenido cubierto de una propiedad digital sin consentimiento expreso y previo, cuando esa interacción dé lugar a alguno de estos supuestos:
- creación, entrenamiento, ajuste fino u operación de un sistema de IA generativa;
- creación de un resumen u otro resultado sustitutivo del contenido cubierto mediante IA generativa; o
- uso no autorizado del contenido cubierto infringiendo los términos de servicio o de uso de la propiedad digital.
El texto contempla además una vía de acción federal para que los afectados presenten una demanda civil en un tribunal federal de Estados Unidos y puedan reclamar una cantidad equivalente a la mayor entre la restitución del valor razonable del contenido cubierto o el lucro cesante del demandante, incluidos ingresos por desvío de tráfico web; el reintegro de beneficios obtenidos por apropiación, uso, recopilación, procesamiento, venta u otra forma de explotación del contenido; medidas cautelares y honorarios y costes razonables de abogados.
La propuesta incorpora daños triplicados si el operador del bot, de forma intencional o negligente, no revela con precisión la identidad, naturaleza, propósito y alcance operativo de sus bots; confunde la función de un bot de búsqueda con la de un bot de scraping (o al contrario); o no cumple con directrices o señales de preferencia publicadas por la propiedad digital (por ejemplo, robots.txt).
Como contrapeso, incluye una defensa afirmativa si el demandado demuestra que existía consentimiento expreso y previo. Y especifica que no se considerará válido el consentimiento si se obtuvo mediante coacción o engaño, a través de términos generales de servicio, o como condición para usar un producto o servicio cuando la explotación del contenido exceda lo razonablemente necesario para prestar ese producto o servicio.
