A muchos países desarrollados les preocupa el daño que las falsificaciones y la piratería causan a su economía (según la OCDE el volumen de comercio internacional de artículos falsificados y pirateados supera los 200.000 millones de dólares, sin contar la piratería digital).
Como respuesta a esa realidad, el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) fue negociado entre la UE y sus estados miembros, Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza. De momento, en la Unión Europea lo han firmado ya casi todos los estados miembros, excepto Chipre, Estonia, Eslovaquia, Alemania y Países Bajos. Fuera de la UE han hecho lo propio todos los países que lo negociaron, salvo México. Si finalmente entrara en vigor, cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio podría adherirse a él.
El acuerdo ACTA tiene por objeto aumentar las vigilancias fronterizas, así como obligar a los proveedores de servicios de Internet a monitorizar todos los paquetes de datos que sean cargador o descargados desde la Red, por lo que los usuarios podrían ser multados, perder el derecho a la conexión a la web o ir a prisión. Sus detractores temen que el acuerdo solo favorecerá los intereses de las grandes empresas en detrimento de los derecho de los ciudadanos y que su aplicación en Internet pueda amenazar la privacidad de las personas. También se critican las negociaciones previas a su redacción por su opacidad y por que no se implicase en las mismas a representantes de la sociedad civil ni de los países en desarrollo.
Por el momento, el 29 de febrero, la Comisión de Comercio Internacional llevará a cabo un primer debate sobre ACTA con la Comisión Europea. Posteriormente, el 1 de marzo, se celebrará un seminario abierto al público en el que eurodiputados, expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de la UE discutirán posibles ventajas y desventajas del ACTA (tanto el debate como el seminario se podrán seguir en directo AQUÍ).
Varios meses
El proceso, sin embargo, se alargará. El Parlamento Europeo no puede realizar cambios en el acuerdo; su capacidad formal es la de aprobarlo o rechazarlo. Y antes de eso, también podría considerar enviarlo al Tribunal Europeo de Justicia, para que éste dictamine si es compatible con la legislación comunitaria en su conjunto. De optarse por esta vía, ACTA no podría entrar en vigor hasta producirse una decisión judicial.
Al no haber un plazo máximo legal para aprobar o rechazar el acuerdo, sería posible también que el PE dejara el tema en suspenso indefinido, lo que en la práctica supondría que ACTA no entraría en vigor por no contar con el consentimiento explícito de la Eurocámara.
Antes de llegar a una de los posibles desenlaces, los trabajos preparatorios los realizan las comisiones parlamentarias. La de Comercio Internacional será la encargada de estudiar el texto y remitir una recomendación firmal sobre su aprobación, o no, al pleno de la asamblea.
Habrá además otras cuatro comisiones parlamentarias que elaborarán opiniones sobre ACTA: la de Industria, Investigación y Energía, Asuntos Jurídicos; Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y Desarrollo. Todas ellas pasarán varios meses consultando con el mayor número posible de expertos y partes interesadas con el fin de profundizar en el tema y tomar una decisión informada.
