Se trata de una medida injusta porque el sector en ningún modo se verá beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública. Puesto que los servicios audiovisuales de los operadores en Internet en ningún caso se financian por publicidad.
El nuevo canon es desproporcionado, porque carga a los operadores de telecomunicaciones con el 50% de la financiación de la televisión pública, 600 millones de euros (400 millones por el nuevo canon más 200 que ya se pagan por la tasa por uso del espectro), cuando el nuevo modelo únicamente beneficia a las televisiones privadas.
Igualmente, Redtel, considera que una medida como la que ha puesto en marcha el Gobierno daña seriamente los planes de inversión y empleo del sector, especialmente en el contexto actual de crisis económica, al que estas compañías de telecomunicaciones no son ajenas. En este sentido conviene recordar que el ritmo actual de inversión (unos 5.000 millones de euros anuales), quedan en entredicho, y con ello, las redes de banda ancha que necesita España para el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Los socios de Redtel han comenzado a analizar sus posibilidades de defensa jurídica, ante un impuesto que consideran ilegal, ya que choca con la legislación comunitaria. El único país de la Unión Europea que ha aplicado una medida similar es Francia, donde los operadores ya han recurrido la tasa a los tribunales nacionales y comunitarios.
