A la espera de que la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) alcance un acuerdo entre los países miembros para lanzar un tributo a nivel global que grave los servicios digitales, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado retrasar el cobro de la también conocida tasa Google para finales de 2020.
Con este aplazamiento, el gobierno observará la evolución de las negociaciones de la OCDE para la implantación de este impuesto a nivel global. Sigue la estrategia que inició el pasado año Francia, cuando puso en marcha su propia tasa Google. Aunque finalmente decidió retirarla a causa de las presiones por parte de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos franceses.
Se prevé que el impuesto a los servicios digitales sea aprobado este martes por el Consejo de Ministros y se inicien así los trámites parlamentarios para agilizar su publicación. Con un tipo impositivo del 3% y con liquidación trimestral, este tributo persigue gravar aquellas compañías digitales con una facturación global superior a los 750 millones de euros, y de tres millones a nivel nacional.
En el decreto presentado el año pasado y que quedó paralizado por la convocatoria de elecciones, definía como hechos imponibles la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital; la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros para realizar comercio – esto es, marketplaces-, y la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.
Según las previsiones del ejecutivo, calculan recaudar hasta 1.200 millones de euros adicionales para las arcas públicas. Y esperan que ayude, junto al impuesto de las transacciones financieras, a reducir el déficit público.
Mientras tanto, la OCDE continúa trabajando en una propuesta que ponga de acuerdo a los 137 países que participan en la iniciativa, entre ellas, Estados Unidos. Prevé contar con una tasa Google a finales de 2020 y recaudar con ella cerca de 100.000 millones de dólares. La Comisión Europea acogerá el proyecto en caso de que la entidad fracase en las negociaciones.
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