La Directiva europea sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, conocida como EmpCo, ha comenzado a aplicarse este 27 de septiembre en la Unión Europea con nuevas exigencias para la comunicación ambiental de las marcas. La norma busca combatir el greenwashing y obliga a que los mensajes sobre sostenibilidad, beneficios medioambientales o compromisos futuros puedan respaldarse con evidencias verificables.
El cambio afecta directamente a la manera en la que las marcas presentan sus productos y servicios tanto en publicidad como en etiquetado, páginas web y otros soportes comerciales. Expresiones genéricas como “eco”, “bio”, “verde”, “sostenible” o “respetuoso con el medioambiente” no podrán utilizarse sin una justificación que acredite la afirmación realizada.
La regulación también limita las declaraciones sobre neutralidad climática sustentadas exclusivamente en la compensación de emisiones. Así, mensajes como “neutro en carbono” o “net zero” no podrán apoyarse únicamente en la compra de créditos de carbono cuando no exista una reducción demostrable de las emisiones asociadas al producto o servicio.
Otro de los cambios afecta a los sellos y distintivos ambientales empleados por las marcas. EmpCo restringe el uso de logotipos creados por las propias empresas cuando no estén respaldados por un sistema de certificación independiente acreditado o por un esquema establecido por una autoridad pública. Con ello, la normativa pretende facilitar al consumidor la identificación de acreditaciones sometidas a controles externos.
Las promesas de sostenibilidad a futuro también estarán sujetas a mayores requisitos. Las empresas que comuniquen objetivos ambientales a varios años deberán contar con un plan que detalle su ejecución, incluya metas intermedias medibles y esté sometido a verificaciones externas periódicas. El objetivo es limitar las declaraciones de carácter genérico que no estén acompañadas de una hoja de ruta para su cumplimiento.
La directiva introduce además cambios relacionados con la información que reciben los consumidores. Los establecimientos físicos y los comercios online deberán mostrar un aviso sobre los derechos de garantía legal, mientras que los productos cuya garantía de durabilidad supere el periodo estándar de dos años podrán incorporar una nueva etiqueta específica.
España mantiene pendiente la transposición
La aplicación de EmpCo presenta, sin embargo, una situación diferente en España. Los Estados miembros debían incorporar sus disposiciones a sus respectivas legislaciones antes del 27 de marzo de 2026, pero España todavía no ha completado la transposición. Al tratarse de una directiva europea y no de un reglamento, su incorporación al ordenamiento nacional requiere ese proceso legislativo.
El instrumento previsto para hacerlo es el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en julio de 2025 y continúa su tramitación. La propuesta establece además una exención para las microempresas y concede a las pymes un año adicional para adaptarse.
La futura normativa española trasladará así al mercado nacional las restricciones sobre afirmaciones ambientales engañosas y distintivos de sostenibilidad sin respaldo suficiente. También abordará cuestiones vinculadas a la obsolescencia programada, la durabilidad y reparabilidad de los productos y la información sobre actualizaciones de software, ampliando el alcance de las nuevas obligaciones más allá de la propia comunicación ambiental.
