Hace varios años que, desde la Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores de Arte (ADG-FAD), estamos luchando por acabar con las condiciones abusivas en que algunos concursos y licitaciones para contratar servicios de diseño se publicitan desde las administraciones públicas y algunas empresas privadas. A lo largo de todo este tiempo, nuestro objetivo siempre ha sido concienciar, tanto a la Administración Pública como a los agentes del sector, de cómo unas condiciones dignas en el proceso, en el timing y en la retribución de los encargos son la única manera de conseguir la excelencia que esperan y necesitan en sus proyectos.
Por este motivo, hemos ido desarrollando una tarea continua de concienciación y asesoramiento que nos ha llevado a organizar concursos para entidades públicas como el Parlament de Catalunya, el Consorci del Besòs, L’Auditori, la Oficina Catalana de Turismo, la Oficina Antifraude de Cataluña, el Mnactec, el Congreso Internacional de Arquitectos de Barcelona 2026 o varios ayuntamientos, así como algunas empresas privadas, como la 37th America’s Cup.
Pero todavía queda mucho por hacer para conseguir que el diseño se valore y remunere como se merece, especialmente ante escollos tan complejos como la Ley de Contratación Pública, que regula algunos aspectos de las licitaciones de las administraciones.
Desde ADG-FAD estamos convencidos de que un concurso bien diseñado es el sistema de contratación de mayor transparencia democrática para las administraciones públicas, ya que permite al convocante visualizar soluciones diversas y conseguir un resultado óptimo al que difícilmente hubiese llegado de otra forma.
No obstante, para beneficiarse de todas sus ventajas, no basta con convocar un concurso, sino que debe hacerse muy bien. Desgraciadamente, en demasiadas ocasiones nos encontramos con convocatorias de concursos abiertos, en los que no se remuneran los anteproyectos requeridos para la participación y sólo se premia al ganador. Y lamentablemente es la Administración Pública la que sigue perpetuando esta práctica.
Por este motivo, hemos trabajado un decálogo que unifica criterios con las diferentes disciplinas que conforman el FAD (además de diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura e interiorismo, moda, arte y artesanía), y que incluye las características que consideramos que hay que tener en cuenta para conseguir concursos y licitaciones justos, que no perjudiquen a los colectivos profesionales ni desmerezcan nuestras disciplinas. De los 10 postulados que contiene el decálogo – y que está accesible completo en nuestra página web – voy a destacar algunos de ellos.
Un concurso no es un premio
Nuestro decálogo empieza con una diferenciación que, no por obvia deja de ser fundamental: un concurso no es un premio. El premio es un reconocimiento a un trabajo realizado, mientras que el concurso es parte de un encargo con una necesidad a resolver.
Cuando un concurso implica desarrollar técnicamente un anteproyecto o una propuesta, es necesario y es de justicia remunerar a todos los participantes seleccionados de manera proporcional al volumen de trabajo a realizar, no solamente a los ganadores
Otra de las claves que destacamos en el proceso de la realización de un concurso es la importancia de la “llamada de portafolios”. El portafolio incluye una selección de los mejores trabajos específicos o similares al del encargo que un profesional creativo utiliza como carta de presentación. Es una herramienta ágil y accesible para todos, que permite al licitador poder valorar qué profesional se ajusta mejor al encargo sin que este tenga que presentar nuevas propuestas creativas para el proceso sin ser remunerado.
Una vez analizados los portafolios recibidos, se optará por elegir uno y hacerle el encargo directamente, o bien seleccionar varios y pedirles una propuesta creativa, de entre las cuales se seleccionará la ganadora. En este segundo caso, cuando un concurso implica desarrollar técnicamente un anteproyecto o una propuesta, es necesario y es de justicia remunerar a todos los participantes seleccionados de manera proporcional al volumen de trabajo a realizar, no solamente a los ganadores. En caso de no poder, o no estar dispuesto, a remunerar este trabajo para los participantes seleccionados, la mejor opción es escoger un portafolio entre los presentados y hacerle directamente el encargo.
En cuanto al jurado del concurso, es necesario que parte de sus miembros sean profesionales de la disciplina a la que pertenezca el encargo para poder valorarlo técnicamente y con criterios objetivos.
Y es en esta línea donde radican las principales claves de lo que desde el ADG FAD reivindicamos como justo y adecuado a la hora de convocar un concurso de nuestras disciplinas. De hecho, tendría que ser lo normal: a nadie se le ocurriría pedir a un abogado o a un médico que trabajen sin ser remunerados. ¿Por qué, entonces, los diseñadores tenemos que hacerlo?
