En sus consideraciones, fruto del recurso interpuesto por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), la sección tercera de la sala de lo contenciosos administrativo del alto tribunal español plantea al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tres cuestiones prejudiciales que pueden determinar la nulidad de la ley por ser contraria al Derecho comunitario.
“No queda claro”, dice el Supremo, “si el artículo 3 de la Directiva permite a los estados miembros que impongan a los operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de su ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas, cuando la Directiva, que trata de suprimir los obstáculos derivados de las diferentes legislaciones en materia de ayudas o fomento a las obras europeas, no incluye previsión alguna al respecto”.
El auto del Supremo apoya la tesis defendida por Uteca desde 1999, año en el que por ley se impuso a las televisiones privadas esa obligación. Por ello, cualquier otra ley, llámese del Cine o del Audiovisual, que obligue a lo mismo, incurrirá en idénticos defectos.
Uteca reitera su voluntad de seguir apoyando a la industria cinematográfica española desde criterios empresariales, sin imposiciones de ningún tipo y en plano de igualdad con todas las partes. Además, apoyará cualquier aumento de ayudas públicas que se establezcan para el cine español, en la parte de cultura que indudablemente tiene.
