Durante la presentación de los resultados, Pablo Carrasco, actual presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), recordó que el origen de la televisión pública autonómica tenía su origen en una demanda social que sigue existiendo: la diversidad y los contenidos de proximidad de calidad.
Así mismo, Iván de Cristóbal, coordinador del estudio y gerente del área de medios de comunicación y entretenimiento de Accenture, señaló que las televisiones autonómicas cumplen su cometido de servicio público. Los datos obtenidos por la investigación ponen de relieve que, por término medio, el 44% de la programación de estos canales fomenta la cohesión social y la pertenencia territorial. Además, el 19% de la misma se dedica a contenidos culturales de la comunidad y a eventos sociales significativos, mientras que el 11% promociona la industria del territorio. En las comunidades con lengua propia, el 90% de la programación se emite en dicho idioma, frente el 2,4% que emite TVE y su total ausencia en las cadenas privadas.
Por otro lado, la programación informativa de las primeras cadenas de las televisiones autonómicas prácticamente duplica a la emitida por las televisiones privadas.
Del estudio también se concluye que las autonómicas impulsan la industria audiovisual de sus territorios, ya que su aportación tanto de forma directa como inducida ( en producción asociada) representa el 19,3% del total de ingresos del sector audiovisual español, que emplea a 13.000 personas.
Fuentes de financiación
Precisamente y a propósito de las fuentes de financiación, los autores del estudio defienden la importancia de que las autonómicas sigan recibiendo publicidad, ya que ello permite la reducción de aportación pública, al tiempo que proporciona a muchas pymes una efectivo canal de promoción.
Una de las principales conclusiones del estudio Accenture es que resulta esencial dibujar una hoja de ruta clara para las televisiones públicas autonómicas en forma de contrato programa aprobado por la ciudadanía a través de los órganos parlamentarios, con objetivos medibles y con dotaciones presupuestarias plurianuales.
Sobre el coste que las autonómicas general a la población, el estudio establece una media de 30,6 euros por habitante, una cantidad que se ha ido reduciendo en los dos últimos años debido a la disminución de las aportaciones que reciben de las administraciones autonómicas.
El estudio completo se puede consultar en https://ipmark.com/pdf/TV.pdf
