AMI denuncia el uso indebido de los contenidos periodísticos en Bard

Informan que la herramienta de creación de textos de Google no cita las fuentes de los contenidos periodísticos que utiliza y denuncia la captura “masiva” de datos personales.

Un día después de que Google anunciara el lanzamiento de su herramienta de generación de textos Bard, similar a ChatGPT, la Asociación de Medios de Información (AMI) ha denunciado el uso indebido que hace la compañía tecnológica de los contenidos publicados en los medios de información españoles, y la captura “masiva de datos personales de los usuarios que serán utilizados para monetizar publicitariamente sus perfiles de sus usuarios”. 

Según las primeras comprobaciones realizadas por AMI a través de distintas consultas en la plataforma sobre temas de actualidad, Bard bebe de los contenidos de los medios de información sin citar las fuentes. Y al ser preguntado por las fuentes empleadas para la elaboración de sus respuestas, se limita a señalar que no puede ayudar al usuario con dicha pregunta. 

“De esta manera, los medios ni tan siquiera obtienen el crédito debido de ser las fuentes de información sobre las que la herramienta ha elaborado su respuesta”. Una acción que, aseguran, “supone un claro aprovechamiento del esfuerzo inversor ajeno, del trabajo masivo de periodistas y editores de información, y pone en riesgo el derecho fundamental a la información que la Constitución reconoce a los ciudadanos en su artículo 20”. 

Asimismo, denuncian que la herramienta de IA generativa de Google realiza una captura masiva de datos personales de los usuarios “que serán utilizados para monetizar publicitariamente sus perfiles de sus usuarios, en una nueva intromisión en el derecho a la intimidad de las personas”. 

Y advierten que los resultados que ofrece Bard no son necesariamente fiables, “declinando con esta manifestación la asunción de cualquier tipo de responsabilidad y poniendo con ello en riesgo la fiabilidad de la información que reciben los ciudadanos”. 

Se personarán en el expediente sancionador de la CNMC

La organización ha aprovechado el comunicado para recordar asimismo que Google ha lanzado Bard sin haber dialogado primero con AMI, representante esta última de los intereses de los principales editores de información y agencias informativas de España, recuerdan. 

Desde ahí que solicitan a “todas las fuerzas y partidos políticos en campaña electoral” que “asuman el compromiso claro de asegurar la adecuada protección de los derechos de los medios de información en la asimétrica relación que mantienen con las plataformas tecnológicas, con la responsabilidad específica de ejercer responsablemente las obligaciones reforzadas que España asume desde la presidencia de la Unión Europea”. 

Por último, solicitan que “sin mayor dilación”, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) admita la personación de AMI en el expediente sancionador abierto contra Google por explotación indebida “de la extrema situación de dependencia de los editores de información y agencias de noticias en el mercado de los derechos de propiedad intelectual de la prensa”. 

Peticiones a reguladores y desarrolladores

El pasado junio, la asamblea general de AMI aprobaba una serie de peticiones a realizar a reguladores, desarrolladores e implementadores de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG). Entre las peticiones, destacaba el uso de las información periodísticas en este tipo de herramientas solo bajo consentimiento expreso, “respetando así el esfuerzo inversor y la responsabilidad asumida por los editores de información”.

AMI recuerda también que la IAG debe respetar que los consentimientos de los editores de información y agencias de noticias sean prestados de forma granular y sin que ello afecte a la visibilidad de las marcas informativas en el conjunto del ecosistema de Internet del que las grandes plataformas son guardianes de acceso tal y como ha declarado la Unión Europea.

La asamblea también solicitó que los modelos de IAG fueran transparentes frente al público y frente a los editores en el origen de las fuentes de información empleadas, “de forma que sea posible para los ciudadanos valorar la calidad de la información y, para los editores, el ejercicio de sus derechos sin asimetrías de información”.